Que no lo engañen!
“QUEDAR BOLETINADO”, UNA PRÁCTICA ILEGAL QUE AFECTA A LOS TRABAJADORES DE MÉXICO
Ciudad de México, 8 de enero de 2025 – Para muchos trabajadores en México, el término “buró laboral” no solo representa un concepto desconocido, sino también un riesgo silencioso que puede limitar sus oportunidades de empleo y vulnerar sus derechos fundamentales. Esta práctica, que consiste en la creación de listas negras que registran antecedentes laborales conflictivos, afecta de manera directa a miles de personas y pone en evidencia la falta de regulación en los procesos de contratación en el país.
El buró laboral se alimenta de información que en su mayoría proviene de boletines emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales. Sin importar la resolución de los conflictos, el simple hecho de haber participado en un juicio laboral puede marcar negativamente a los trabajadores al hacer que algunas empresas excluyan a candidatos en sus procesos de selección basándose únicamente en un historial que no refleja las habilidades ni la situación actual de los colaboradores.
“El buró laboral es una herramienta discriminatoria que, además de estar prohibida por el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, afecta gravemente las oportunidades laborales de los trabajadores y perpetúa prácticas poco éticas en el mercado laboral basadas en datos sesgados o incompletos”, expresó Felipe Cuadra, cofundador y CHRO en Rankmi.
De acuerdo con un estudio realizado por OCC Mundial, el 31% de los trabajadores en México está familiarizado con el término “quedar boletinado”, asociándolo con listas negras que utilizan las empresas para sancionar a colaboradores que enfrentaron conflictos legales o laborales. Mientras que un 16% señaló que ha sentido presión para actuar en contra de su voluntad, como firmar una renuncia, para evitar ser incluido en estas bases de datos.
Además de incumplir con la Ley Federal del Trabajo, el buró laboral también infringe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Ya que al recopilar y compartir información sin el consentimiento explícito de los colaboradores, estas listas violan derechos fundamentales, como el acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), lo que ha llevado a que más trabajadores consideren la posibilidad de acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para defender sus derechos y buscar soluciones ante esta problemática.
“El hecho de que un trabajador pueda ser vetado sin importar el contexto o la resolución de un conflicto legal genera un ambiente de desconfianza e inseguridad, tanto para los empleados como para las empresas mismas. Es crucial que las organizaciones trabajen en construir culturas laborales éticas que promuevan el respeto y la inclusión”, afirmó Felipe Cuadra, cofundador y CHRO en Rankmi.
La solución, según expertos de Rankmi, radica en la prevención, la capacitación constante y la implementación de políticas internas que promuevan la transparencia. Las empresas deben priorizar herramientas éticas, como canales anónimos de denuncia, que permitan a los trabajadores expresar sus preocupaciones sin temor a represalias.
“Las organizaciones que recurren al buró laboral no solo se enfrentan a sanciones legales, sino que también pierden credibilidad en el mercado. Un enfoque ético y centrado en el talento es la clave para mantener relaciones laborales sólidas y sostenibles”, concluyó Felipe Cuadra, cofundador y CHRO en Rankmi.
«BEING BLACKLISTED»: AN ILLEGAL PRACTICE AFFECTING MEXICAN WORKERS
- 31% of Mexican workers are familiar with the term «being blacklisted» as a form of workplace exclusion.
- 17% believe that labor blacklists may have negatively impacted their professional growth opportunities.
Mexico City, January 8, 2025 – For many workers in Mexico, the term «labor bureau» represents not only an unfamiliar concept but also a silent risk that can limit employment opportunities and undermine fundamental rights. This practice, which involves creating blacklists to record contentious employment histories, directly affects thousands of people and highlights the lack of regulation in hiring processes across the country.
The labor bureau relies on information largely sourced from bulletins issued by local and federal Conciliation and Arbitration Boards. Regardless of the resolution of disputes, merely participating in a labor lawsuit can tarnish a worker’s reputation, leading some companies to exclude candidates based solely on a record that does not reflect their skills or current circumstances.
«The labor bureau is a discriminatory tool that, besides being prohibited by Article 133 of the Federal Labor Law, severely impacts workers’ employment opportunities and perpetuates unethical practices in the job market based on biased or incomplete data,» said Felipe Cuadra, co-founder and CHRO at Rankmi.
According to a study conducted by OCC Mundial, 31% of workers in Mexico associate the term «being blacklisted» with company-maintained blacklists used to penalize employees who have been involved in legal or labor disputes. Meanwhile, 16% reported feeling pressured to act against their will—such as signing a resignation—to avoid being included in these databases.
In addition to violating the Federal Labor Law, labor blacklists also breach the Federal Law on the Protection of Personal Data Held by Private Parties. By collecting and sharing information without employees’ explicit consent, these lists infringe fundamental rights such as access, rectification, cancellation, and opposition (ARCO). This has prompted more workers to consider approaching the National Institute for Transparency, Access to Information, and Protection of Personal Data (INAI) to defend their rights and seek solutions to this issue.
«The fact that a worker can be blacklisted regardless of the context or resolution of a legal dispute creates an environment of mistrust and insecurity for both employees and companies. Organizations must work on fostering ethical workplace cultures that promote respect and inclusion,» affirmed Felipe Cuadra, co-founder and CHRO at Rankmi.
The solution, according to experts from Rankmi, lies in prevention, ongoing training, and implementing internal policies that promote transparency. Companies should prioritize ethical tools, such as anonymous reporting channels, to allow workers to voice concerns without fear of retaliation.
«Organizations that resort to labor blacklists not only face legal sanctions but also lose credibility in the market. An ethical, talent-focused approach is key to maintaining strong and sustainable labor relationships,» concluded Felipe Cuadra, co-founder and CHRO at Rankmi.
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